Pena de muerte en Estados Unidos

Desde 1990 han sido ejecutadas en Estados Unidos más de 350 personas, y hay más de 3.300 condenadas a muerte.

Las normas internacionales intentan restringir el ámbito de aplicación de la pena de muerte. Prohiben su imposición a niños, la consideran inaceptable como castigo de deficientes mentales y exigen las máximas salvaguardias jurídicas en los juicios por delitos penados con la muerte. Estados Unidos no cumple nada de esto.

Más de un centenar de países han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. Estados Unidos, en cambio, ha aumentado el número de ejecuciones, así como el de delitos punibles con la muerte. En la actualidad el castigo capital figura en el Código Penal de 38 estados.

 EJECUTAR RETRASADOS MENTALES ES CONSTITUCIONAL En Estados Unidos:

En 1989, la Corte Suprema de Estados Unidos falló que no era anticonstitucional ejecutar a retrasados mentales. Desde entonces se han llevado a cabo alrededor de treinta ejecuciones de personas con deficiencias psíquicas.

El hecho de que una persona sea condenada a muerte o a cadena perpetua puede depender más de su abogado que del delito cometido. Un encausado que no tenga medios para contratar a un abogado competente y con experiencia corre más riesgo de ser condenado a muerte que uno que sí los tenga.

CONDENA DE LA HOMOSEXUALIDAD en Estados Unidos:

Calvin Burdine, homosexual declarado, fue condenado a muerte en Texas en un juicio en el que estuvo defendido por un abogado que se refería a los homosexuales con términos como «maricas» y «sarasas», que no se entrevistó con ningún testigo para preparar la defensa y al que se vio quedarse dormido repetidas veces durante el proceso. Calvin Burdine continúa recluido en el pabellón de los condenados a muerte; su ejecución se ha suspendido ya dos veces cuando faltaban solo unas horas para llevarla a cabo.

INOCENTES CONDENADOS en Estados Unidos:

Shareef Cousin, de 16 años de edad, se convirtió en el condenado a muerte más joven de Estados Unidos cuando en 1996 le impusieron la pena capital en Luisiana.

La fiscal basó su actuación en la declaración de una testigo presencial amiga del hombre asesinado. Después del juicio una fuente anónima envió a los abogados del muchacho una copia de la declaración original hecha ante la policía por la testigo, quien decía en ella que no podía describir al agresor porque estaba oscuro y no llevaba puestas las gafas. La fiscal había ocultado esta información a la defensa; asimismo, se demostró que había presionado a un informante para que declarara en contra de Shareef Cousin, y fue acusada de ocultar también a testigos de descargo. En la vista de apelación celebrada a principios de 1998 se concedió a Shareef Cousin el derecho a ser sometido de nuevo a juicio.

INSTRUMENTO PARA HACER POLÍTICA en Estados Unidos:

La pena de muerte se ha convertido en Estados Unidos en un instrumento para hacer campaña política. Los políticos que se pronuncian en su contra son tachados por sus adversarios de «blandos con la delincuencia». Los que son favorables a ella compiten entre sí para ver quién la aplicará con más rigor. A finales de 1994, el fiscal del distrito de la ciudad de Oklahoma basó su campaña para la reelección en el récord de haber «enviado a 44 asesinos al pabellón de los condenados a muerte».  

COMO INSTRUMENTO DE CRUELDAD en Estados Unidos:

Tommy Smith fue ejecutado en Indiana en 1996. El equipo encargado de hacerlo estuvo dieciséis minutos buscándole una vena en el brazo antes de llamar a un médico que trató en vano de insertarle una aguja en el cuello. Al cabo de treinta y seis minutos le inyectaron por fin el veneno en una vena del pie. Tommy Smith estuvo totalmente consciente durante todo el proceso.

APLICACIÓN RACISTA en Estados Unidos:

La aplicación de la pena capital es racista. Las personas negras son víctimas de delitos violentos más o menos en la misma proporción que las blancas; sin embargo, el 82 por ciento de los presos ejecutados desde 1977 habían sido condenados por asesinar a blancos. Otros factores, tales como la existencia de circunstancias agravantes, no explican la disparidad de las sentencias en relación con la raza del acusado y de la víctima.

Los negros constituyen sólo el 12 por ciento de la población de Estados Unidos; sin embargo, el 42 por ciento de los condenados a muerte del país son negros. En el sistema judicial que los ha juzgado y condenado los blancos siguen constituyendo una abrumadora mayoría. En 1998, en los estados que aplican la pena capital había 1.838 funcionarios (la mayoría fiscales de distrito) encargados de decidir si pedir o no la pena de muerte en casos concretos. De ellos, 1.794 eran blancos.

Fuente: Amnistía Internacional